Es necesario establecer, como prioridad en la acción del gobierno aragonés, afrontar decididamente la puesta en marcha de las políticas suficientes para la mejora constante y progresiva de los servicios públicos esenciales; garantizando el derecho de todas las personas a unos servicios públicos universales y gratuitos para asegurar unos estándares mínimos de calidad de vida y dignidad para las personas.